Ecuador es el cuarto exportador de petróleo en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Sin embargo, su situación no es de las mejores: el sub-empleo alcanza a 61 ecuatorianos sobre 100. Seis ecuatorianos sobre 10 ganan menos de dos dólares al día (Fuente: diario El Universo, Ecuador, 8 de octubre del 2000). Pareciera que hay algo que no funciona.
La Amazonía Ecuatoriana es el escenario de la mayor bio y socio-diversidad de todo el Ecuador, con una superficie de 130.832 km cuadrados, que corresponden al 45% del territorio nacional y al 1.6% de toda la Cuenca Amazónica.
Esta zona está considerada además como una de las más importantes, dado que alberga a casi 25.000 especies de plantas milenarias. La actividad petrolera ha sido la mayor causa de la destrucción de esta tierra, como lo demuestra la experiencia que viven desde hace treinta años los habitantes de las provincias de Napo, Sucumbíos y Francisco de Orellana.
De ahí que el paradigma del progreso y desarrollo aportado por el petróleo para la Amazonía Ecuatoriana no sea más que un espejismo y una forma más de complicidad con la deuda externa. Además, es una forma de agresión de la civilización occidental y del "auge" de la globalización, que acarrea un genocidio humano y la destrucción de la fauna y la flora de la región.
Desde el 1941, con la llegada de la Shell a Pastaza, las poblaciones de la zona han sido agredidas en nombre de los intereses financieros de las empresas de turno: Shell, ARCO, Tri-Petrol, CGC, AGIP, ENI, etc.
Por su parte, el Estado Ecuatoriano ha hecho poco para defender los intereses de los Pueblos Indígenas. Si bien por medio de decretos del ejecutivo (n° 551 y 552), el Presidente del Ecuador decretó intocables y protegidas de manera perpetua de todo tipo de actividad extractiva a las zonas de Cuyabeno-Imuya y las tierras habitadas por los Huaorani, los Tagaeri y los Taromename (Parque Nacional Yasuni), muy poco ha hecho por las poblaciones indígenas de Pastaza.
Aquí se han entregados títulos de propiedad a 10 comunidades: Pandanuque, Paparagua, Santa Cecilia, Kurintza, Elena, Bellavista, Chuyayacu, San Virgilio, Pitacocha y Liquino. Es necesario subrayar que las leyes sobre la propiedad comunal valen únicamente para la superficie de la tierra. Y pese a que la Ley Forestal contempla la prohibición de las actividades extractivas en el subsuelo de los territorios indígenas, el Estado se ha valido de la Ley sobre los Hidrocarburos para favorecer los intereses de las transnacionales.
Es así como, en 1992, la Arco Oriente Inc. (una empresa controlada por la norteamericana Atlantic Richfield Co.) empezó sus exploraciones, encontrando un yacimiento en la zona entre los ríos Villano y Liquino (luego nombrada Campo Villano). La empresa italiana ENI se incorporó inmediatamente al negocio, con una participación del 40% (a través de la AGIP OIL Ecuador S.A.).
La transnacional italiana opera desde 1987, cuando la "AGIP Petroli" adquirió una sociedad para la comercialización del GPL, la ESAFI S.A. y, más tarde, creó la AGIP ECUADOR S.A. para operar en el sector extractivo (fuente: sitio internet de la ENI, http://www.eni.it).
En los años siguientes y debido a las protestas indígenas, se llegó a la firma de algunos acuerdos. En estos acuerdos (1998-1999) participaron a nombre del Estado y de la parte empresaria: algunos representantes del consorcio ARCO/AGIP, de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas Las organizaciones indígenas estuvieron representadas pro la OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza), FIPPRA (Federación Indígena de Pueblos de Pastaza y Región Amazónica) y Asodira (Asociación de Desarrollo Indígena, Región Amazónica), organizaciones que luego se unieron en el Frente Indígena de Pastaza (FIP).
Entre los puntos más importantes acordados en el documento "Los entendimientos sobre el Acuerdo del Plan Texas", el ARCO/AGIP se comprometía a realizar una evaluación del impacto ambiental en el período de exploración y a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y un Plan de Manejo Ambiental (PMA), para el período de explotación.
En realidad, ARCO/AGIP evadió sus propias responsabilidades, realizando estudios únicamente en el área de los pozos exploratorios y no sobre las trochas. (Fuente: Pablo Ortíz T. "Globalización y Conflictos Socioambientales", Quito, Abya Yala, 1997).
Frente al incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y de la ENI, las comunidades de Amazanga y San Virgilio presentaron un recurso de Protección Constitucional. El 7 de abril del 2000 la Corte de Pastaza respondió negativamente al recurso, afirmando, entre otras cosas, que el pago de obras y servicios debe ser considerado como una indemnización adecuada.
Mientras tanto, en 1999, la ENI ejerció el derecho de prelación para adquirir la parte restante (el 60%) del Campo Villano, llegando a ser la única dueña.
Las organizaciones indígenas siguen apelando al Convenio Internacional n°
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convenio que está
incluido en la actual constitución del Ecuador y que contempla que se debe
consultar a los pueblos indígenas, respetar sus intereses e instancias
organizativas y garantizar beneficios por las actividades que se desarrollen en
sus territorios además de la indemnización por impactos ambientales.
Frente a la indiferencia del Estado Ecuatoriano y de la ENI, la comunidad de Amazanga se ha dirigido al Comité Internacionalista Arco Iris. Es así como, de acuerdo con la solicitud de Bolívar Santi, difundimos su carta, con la esperanza de que ésta logre generar la solidaridad necesaria.
Comisión de Pueblos Indígenas y Dirección Nacional
del
Comité Internacionalista Arco Iris
Carta de un líder indígena contra la agresión de la ENI
Aquí estoy
Esta es mi Tierra
y ésta es mi Cultura
Soy defensor de la Tierra
Soy defensor del Futuro
y Uds. están matando la naturaleza
están matando las Culturas Nativas de la Tierra
y Uds. están matando el futuro
Alerta, estado de emergencia en Territorios Ancestrales de San Virgilio, Bio-Reserva Indígena PashPanShu, Cabecera del Río Curaray (Amazonia Ecuatoriana de Sudmérica).
Nosotros, quienes vivimos en la comunidad de San Virgilio, queremos dar a conocer al mundo entero que estamos siendo engañados e invadidos por las empresas petroleras, madereras y mineras que ocupan actualmente diferentes áreas de nuestros territorios ancestrales.
Una grave situación afecta el bienestar cultural de nuestra etnia, la comunidad de San Virgilio, hoy enfrentada a una grave situación como consecuencia de la política petrolera y la persecución de ENI/AGIP, que nos prohibe ejercer nuestros derechos ecológicos y culturales sobre las tierras que nos pertenecen legítimamente desde tiempos ancestrales.
El Estado ecuatoriano y las empresas petroleras han venido imponiéndose a la voluntad de los pueblos indígenas, en flagrante violación del convenio internacional No.169 de la Organizaciòn Internacional del Trabajo (OIT), del anterior convenio internacional 107, convenios que están refrendados en la Constitución política vigente, cuyos instrumentos contemplan la obligación de consultar a los pueblos indígenas, respetar sus intereses, sus instancias organizativas, asegurarles los beneficios de las actividades que se desarrollan sobre sus territorios y las indemnizaciones por los impactos ambientales, así como el derecho de los pueblos indígenas a usufructuar, usar, manejar y asumir la gestión de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios, conservando su cultura, su integridad, su mundo espiritual, ritos, lugares sagrados, su riqueza y biodiversidad, protegiendo su patrimonio! genético. Todo lo cual excluye la labor de manipulación, compra de conciencias, engaño, división que han venido aplicando las empresas petroleras asociadas con el Estado, a través de una política netamente utilitarista, economicista, en perjuicio de los pueblos indígenas, de cuyas tierras ancestrales fluye abundante el petróleo y del cual, sin embargo, no obtenemos ningún beneficio ni somos indemnizados por los daños ambientales, sociales, culturales, económicos, etc. que en forma grave e irreparable nos causa la explotación petrolera y esperamos, por lo tanto, encontrar justicia.
Los Representantes de La Comunidad De San Virgilio plantean el Retiro Inmediato de los tubos del Oleoducto instalado en sus Territorios por la Compañía ENI/AGIP, y la Reparación Inmediata de todos los daños causados por su Invasión Illegal de la Bio-Reserva Indígena 'PashPanShu'.
La Comunidad de San Virgilio fue creada hace 85 años. Desde su fundación este lugar sagrado llamado "Cupal Yacu Pungo Yana Rumi", perteneciente al curaka Virgilio Santi Yuu, fue conocido como 'PashPanShu', Bio-Reserva Natural Indígena, entregado y ratificado por la palabra de sus abuelos. Actualmente este territorio ancestral está bajo la responsabilidad de los herederos de las familias Santi, Bolivar Santi y Rafael Santi y sus respectivos hijos, y delimitado por: Witahuai Urco - Gastañas - Taruga Urrco - el río Añango río abajo hasta lindar con el territorio Chapana - Villano - comunidad Chuyayacu - y la Colonia Bolívar que se mantiene como autolinderación natural.
La constante degradación provocada por las compañías como ENI/AGIP en nuestros territorios ha provocado los daños que denunciamos.
De acuerdo con el Artículo 86 de la constitución Ecuatoriana, el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. El Estado velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.
2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que, para estos fines, deberán cumplir las actividades públicas y privadas.
3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los sistemas ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales .
En el artículo '87 se afirma una vez más que la ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras por las acciones y comisiones en contra de las normas de protección del medio ambiente.
En el Artículo 88 se dice que: Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad. que será debidamente informada y para la cual la ley garantiza su participación.
En el artículo 90 se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas, nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
Por lo tanto, nosotros como comunidades de base, exigimos que en las áreas afectadas se cumpla con el convenio de conservación de las especies y la naturaleza explicadas anteriormente: Actualmente no se cumple lo establecido por la ley, ni mucho menos se aplican tecnologías de punta.
A continuación, detallamos los daños ocasionados en la actualidad por la compañía ENI/AGIP:
1. Derrames de petróleo causado pos su oleoducto Triunfo-Villano. En la actualidad nuestros caminos ancestrales están bloqueado por las tuberías del oleoducto, lo que repercute seriamente sobre los habitantes que circulan diariamente por ellos.
2. El río Curaray, Río Ceslao Marín, Río LiQuino, Rio Chambira, Río Cupal, han sido siempre fuentes vitales para nuestras comunidades, pero hoy están contaminadas por los derrames de petróleo de su oleoducto y por los derrumbes provocados por el oleoducto, los derrames de aceites de motor, la oxidación de tubos y desagües, provocando enfermedades como daños a los ojos, infecciones a la piel, diarrea, dolores de cabeza y también la muerte de la fauna acuática y de los animales domésticos.
3. La presencia del ENI/AGIP ha provocado el alejamiento de todos los animales salvajes que aquí tenían su hábitat, entre los cuales: tapires, sajinos, venados, monos, tucanes, loros y otras variedades de animales silvestres.
4. Los campamentos petroleros instalados en nuestros territorios de San Virgilio ha provocado la contarninación de los riachuelos cercanos a las viviendas debido a la instalación de sistemas de alcantarrillados que desembocan en los ríos sin ninguna norma de prevención de la contaminación por la instalación de depósitos para la basura, como plásticos, latas, grasas, y metales.
5. La compañía ENI/AGIP ha alentado la división y conflictos entre vecinos, personas y familias de la comunidad, mediante el engaño y la compra de conciencias.
6. Esta empresa petrolera nos prohíbe el acceso a nuestros territorios, utilizando guardias de seguridad militarizados y con la instalación de cercas eléctricas, los que atentan muchas veces contra nuestras vidas.
7. Los tubos del oleoducto instalados en nuestros territorios sagrados no cumplen con el diámetro exigido, que es menor a lo establecido por el reglamento y que se romperán en el corto plazo debido a la fuerte presión del líquido. Al romperse, comprometerán gravemente la flora y la fauna existentes.
8. El artículo 84 C.P.E número 1, establece la obligación de mantener, desarrollar y fortalecer la identidad y las tradiciones espirituales y culturales. El ingreso de la compañía ENI/AGIP a territorios indígenas como el de San Virgilio viola nuestro derecho a mantener nuestra identidad como pueblo tanto en lo cultural como en lo espiritual. Estos territorios son considerados como lugares sagrados, son parte de nuestras tradiciones, de nuestra cosmovisión y constituyen la esencia misma de nuestra propia identidad como pueblo.
La guardia militarizada es una amenaza intolerable en SAN VIRGILIO. Nos prohíbe el paso por nuestros caminos ancestrales y provoca enfrentamientos violentos, no deseados por nosotros, sino que obligados por sus amenazas, al entre los habitantes de la comuna San Virgilio por los linderos ancestrales, con la asociación de Canelos y, por la invasión con la Federación FENAQUIPA, debido a que la empresa compra conciencias entregando programas de alimentos y vehículos para las personas que defienden los intereses petroleros. La guardia defiende los intereses petroleros y es la encargada de los actos intimidatorios y de las relaciones comunitarias de la compañía ENI/AGIP que opera aquí en Pastaza y, también compra la conciencia de muchas comunidades, provocando un aumento de los enfrentamientos con los indígenas que defienden su territorio ancestral. Ha habido ya conflictos armados en el territorio! de San Virgilio, debido a que personas armadas nos vinieron a disparar en nuestro propio territorio, enviados por la empresa ENI/AGIP
Yo, Bolívar Santi, de 63 años y mi esposa de 59 años, así como también mis hijos, sobrinos y nietos, hermanos y compañeros, somos perseguidos por los guardias de la compañía ENI/AGIP por defender nuestro territorio, por seguir en pie la lucha; en esa lucha fuimos agredidos y heridos mi esposa y yo, así como también una madre con su hijo de 4 meses y algunos otros compañeros.
Por todos estos motivos les pedimos solidarizar con nuestra causa.
Que nos ayuden a proteger nuestros territorios, a tener más seguridad en nuestros bosques, donde hoy nos sentimos inseguros de vivir con nuestra familia.
Los llamamos a solidarizar con aportes económicos que nos permitan cercar nuestro territorio y obtener el título de legalizacion, a fin de evitar las agresiones de la empresa petrolera ENI/AGIP, que nos roba más de 38.000 barriles de petróleo por día (1.8 millones de dólares al día) en el campo de Villano (concesión que mantendrán durante 20 años más), mientras que para nosotros, los Pueblos Indígenas, sólo hay hambre, enfermedades, destrucción cultural y ambiental, y ningún tipo de indemnización por los daños ambientales.
¡No, señores! No vamos a permitir que destruyan nuestro país,
vamos a seguir protestando, trinchera por trinchera.
Bolívar Santi
(bolivarsanti@latinmail.com)
Otra alarma lanzada por muchas organizaciones del Ecuador tiene que ver con el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados). En Ecuador se ha conformado el consorcio OCP Ecuador S.A., que está conformado por las empresas norteamericanas Occidental Exploration and Production Company (Oxy) y Kerr McGee, la italiana AGIP, la canadiense Alberta Energy , la española REPSOL-YPF y la argentina Pérez Companc (fuente: cotidiano La Hora, Ecuador).
La empresa constructora es la argentina TECHINT, mientras que la encargada del estudio del impacto ambiental es la ENTRIX.
Las protestas de las organizaciones populares se fundan, entre otras, en las siguientes razones:
- El estudio sobre el impacto ambiental fue realizado sobre la base de una cartografía de 1986, lo que no refleja la situación actual desde el punto de vista urbano (el proyecto prevé el pasaje del oleoducto por la capital, Quito).
- La escala del Estudio de Impacto Ambiental es de 1:50, lo que no es suficiente para determinar ni el impacto ambiental ni los riesgos.
- No existe un plan de contingencia para los casos de flagelos y desastres.
- A los 50.000 nuevos puestos de trabajo (entre fijos y temporales) que exhibe el gobierno, se contrapone el análisis de Alberto Acosto, consultor de la Fundación alemana Friederich Ebert, que subraya que los empleos directos no son más de 300, mientras que los indirectos serían 6.000 (Fuente : Agencia IPS, Kintto Lucas, 23 de mayo 2001).
- Como subraya Acción Ecológica, los riesgos sísmicos y volcánicos son elevadísimos, ya que el OCP cruzará 67 fallas geológicas y pasará cerca de 6 volcanes.
- El tubo pasará a través de muchas comunidades indígenas, entre las cuales la zápara, cuya cultura y idioma han sido recientemente declarados Patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Ha habido 50 muertos, lo que demuestra que el estudio del suelo efectuado por la ENTRIX vale muy poco. Este estudio definía la ruta del oleoducto a través de la Quebrada Negra. Desde que funciona el oleoducto SOTE (Sistema de Oleoducto TransEcuatoriano) ha habido 23 rupturas, la última de las cuales se registró el 11 de junio pasado y fue provocada por las fuertes lluvias que causaron derrumbes y la pérdida de 50 vidas humanas.
- El diseño del OCP es un atentado contra decenas de miles de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. No se puede calificar de otra manera al hecho de que se pretenda cruzar zonas habitadas del Distrito Metropolitano con esta gran tubería potencialmente explosiva de 82 cm de diámetro y 80 km. de longitud, que transporta crudo pesado (veneno) a casi 80 grados centígrados (temperatura de cocción), con una presión interna que equivale a veinte veces la de un cilindro de gas doméstico. Los eventuales derrames alcanzarían un volumen de 890 mil galones, debido a que las válvulas de emergencia están ubicadas sólo cada 20 kilómetros (En Marcha, n° 1109; 24 - 31 de Agosto del 2001).
- Para obtener mayores ganancias y ahorrar recursos, la empresa ni siquiera estableció una estación de regulación de presión en el tramo de bajada de la tubería desde los 4064 metros de altura en la Cordillera Oriental hasta el río Guayllabamba, a 1950 metros, lo que significa que el tubo pasa por el Distrito Metropolitano a la máxima presión (En Marcha, n° 1109; 24 - 31 de Agosto del 2001).
- Al aprobar el proyecto del OCP el gobierno ecuatoriano ha violado el artículo 88 de la Constitución Ecuatoriana que exige que se consulte a la comunidad para este tipo de obras. Las comunidades implicadas en el tránsito del oleoducto tampoco han sido informadas del proyecto.
- Este oleoducto cruzará 11 zonas ecológicas protegidas: el Bosque Protector de Lumbaquí, el Bosque Cumandá, la Reversa Ecológica del Antisana, el Bosque Protector de San Francisco, la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, el Bosque de la Cuenca Alta del río Guayllabamba y Bosque Protector Mindo Nambillo.
Contra el eventual genocidio de los Pueblos del Ecuador y de la biodiversidad del Ecuador, solicitamos que se presione a las empresas implicadas en el proyecto para que retiren su participación y se obligue al gobierno del Ecuador a suspender la construcción del Oleoducto.
DIRECTORIO ÚTIL:
PARA SOLIDARIZAR Y ENCONTRAR INFORMACIONES UTILES
(Fuentes para la redacción del mismo Artículo)
Fundación Wanduk Yacháy
Casilla Postal 16-01-674 Puyo - Pastaza (Ecuador)
wanduk@unii.net
bolivarsanti@latinmail.com
http://www.unii.net
http://www.unii.net/sanvirgilio.html
Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP)
Tn.te Ortíz y Gral Villamil
Apartado 16-01-790 Puyo - Pastaza (Ecuador)
Tel/Fax 00593 - 3 - 885 461
allpamanda@yahoo.es
http://www.unii.net/opip/intro.html
Acción Ecológica (Natalia Arias, presidenta)
Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca - Quito (Ecuador)
Tel 00593 - 2 - 547 516
Fax 00593 - 2 - 527 583
verde@hoy.net
http://www.ecuanex.net.ec/accion
APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Edif. Servilibro, of. 301; Salinas N14-81 y Riofrío - Quito (Ecuador)
Tel/Fax.: 00593 - 2 - 521118
quijote@porta.net apdhec@hotmail.com
PARA PROTESTAR Y PARAR EL GENOCIDIO
Doctor Gustavo Noboa Bejarano (presidente de la República del Ecuador)
Palacio de Gobierno - García Moreno 1043 - Quito (Ecuador)
Tel: 00593 - 2 - 210-300
Fax: 00593 - 2 - 580-735
calvachee@presidencia.ec-gov.net
ENI
Piazzale Mattei 1 - 00144
Tel 0039- 06 -59821 - Fax 0039 - 06 - 59822141
www.eni.it
Presidente: Gian Maria Gros Pietro ( gianmaria.gros@eni.it )
Administrador Delegado: Vittorio Mincato ( vittorio.mincato@eni.it )
Responsable Relaciones Externas: Doct. Sergio Luciano Meazza (
sergioluciano.meazza@eni.it )
AGIP Petroleum Ltd. (Filial)
Av. Patria 640 - P.O. Box 3188 - 1280 Quito (Ecuador)
Tel. 00593 - 2 - 561710
Fax 00593 - 2 - 561798
REPSOL-YPF
Presidente: D. Alfonso Cortina
Tel 0034-900-100-100 (Informacciones para el accionista)
Tel 0034-901-10-15-20 (informacciones para el cliente)
sacportal@repsol-ypf.com
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#3900 - 421 - 7 Avenue S.W.
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brianferguson@aec.ca
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MST-1306 P.O. Box 25861
Oklahoma City, OK 73125 (USA)
Tel 001 - 405 - 270 - 3380
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Maipú 1 - 22° piso (1599) Buenos Aires (Argentina)
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Tel 001 - 918-610-5000
Fax 001 - 918-610-1678
admin_oxy@oxy.com
El Comité Internacionalista Arco Iris ha decidido impulsar entre octubre y noviembre una "Comisión de Verificación y Soldiaridad", comisión ad hoc, que verifique el deterioro ambiental provocado por las actividades de extracción y transporte de petróleo, que estará conformada posiblemente por miembros solidarios/as italianos/as (aunque no sólo euroepeos/as): biólogos, periodistas, parlamentarios, autoridades locales, etc. Además, se tratará de organizar la venida a Italia de los representantes de la comunidad de Amazanga y de la OPIP.
Los grupos y asociaciones interesados en solidarizar concretamente,
pueden contactar la organización desde ahora.
COmité INternacionalista ARco IRis(COINARIR)
Via Antonio Gramsci 3
25082 Botticino (Bs)
- ITALIA
Tel:
0039 - 030 2190006
Fax: 0039 - 06 - 233242298 Fax: 0039 - 178 - 2276575
Correo Electrónico: prensa@coinarir.org
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